Tráfico de Organos
El trasplante de órganos en el momento actual es la mejor alternativa de tratamiento y en muchos casos la única, para la falla terminal e irreversible de muchos órganos vitales como el corazón, el hígado o los riñones.
Para que con el trasplante se puedan salvar vidas humanas se necesitan órganos y para tener órganos se necesitan donantes. Sin órganos no hay trasplantes y sin donantes no hay órganos. Actualmente en USA, cada seis minutos fallece una persona en espera de un órgano y cada año un 20% de los pacientes en lista de espera para el trasplante fallece sin haber podido conseguir el órgano requerido. En la mayor parte de los países europeos, en USA y en muchos países de América Latina, la tasa de donantes se mantiene estable a lo largo de los años y sin embargo la cantidad de pacientes en espera de un órgano vital aumenta progresivamente, al igual que el tiempo de permanencia en lista de espera y la mortalidad.
Tradicionalmente, para el trasplante de riñón y actualmente para el trasplante de una parte del hígado, de un pulmón o de un segmento de intestino delgado, se pueden conseguir los órganos a partir de donantes vivos familiarmente relacionados, principalmente hermanos, padres o hijos. Esto sin embargo no siempre es posible y en circunstancias especiales pueden conseguirse de donantes vivos no relacionados familiarmente pero sí afectivamente relacionados, tales como cónyuges, amigos o miembros de la misma comunidad religiosa.
Desde el momento en que se ha reconocido a la muerte encefálica como la muerte de la persona y desde que se iniciaron los programas de trasplante con donantes cadavéricos, se ha insistido en que la donación debe ser anónima, altruista, solidaria, por amor al prójimo y sin que por ella exista ningún tipo de retribución económica. Precisamente en esos principios se sustenta la legislación boliviana en relación a los trasplantes (Ley No 1716 del 11 de noviembre de 1996).
Para lograr la realización de los trasplantes con donantes cadavéricos, se requiere sin embargo, un alto grado de sensibilización y conocimiento por parte de la población de los resultados perseguidos y logrados con el trasplante de órganos y la aceptación de que la muerte encefálica es la muerte de la persona. Esto se consigue únicamente gracias al concurso mancomunado de la sociedad en su conjunto y muy especialmente del estado, de la prensa, de los educadores, de la Iglesia y de las sociedades médicas.
A pesar de estos esfuerzos mancomunados, sin embargo, la tasa de donantes se mantiene estancada y el número de pacientes condenados a morir por falta de un órgano es cada vez mayor. A fin de incentivar la donación de órganos y disminuir esta brecha entre oferta y demanda, en muchos países se ha implementado el pago de los gastos funerales del donante, la otorgación de un seguro médico para los familiares del donante por parte de las instituciones en las que se encuentran asegurados los receptores beneficiados con los órganos y la reducción de los impuestos para los familiares del donante en la comunidad a la que pertenecen. Estos incentivos por el momento no están contemplados en la legislación boliviana.
La compra y venta de una parte del cuerpo. En otras palabras, la obtención de un riñón por parte de un paciente rico y desesperado de seguir viviendo a partir de un donante vivo, pobre y también desesperado de conseguir algo de dinero para satisfacer sus necesidades básicas.
Este tipo de donación retribuida, se ha dado con cierta frecuencia en Bolivia desde que se hicieron los primeros trasplantes de riñón. Sin embargo, desde la promulgación de la Ley 1716 que expresamente prohíbe la retribución económica por los órganos donados, esta situación es cada vez menos frecuente.
El tráfico de órganos es una realidad en Latinoamérica. Países como Argentina, Brasil, Honduras, México y Perú, hacen este tipo de comercio con compradores alemanes, suizos e italianos, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En Argentina, por ejemplo, hay denuncias de casos de retirada de corneas de pacientes a los que se les declaró muerte cerebral después de haber falsificado exploraciones cerebrales.
Informaciones divulgadas por el Servicio Privado de Informaciones y Noticias (Seprin) destacan una ley aprobada en el Congreso argentino. Se trata de la Ley de Donante Presunto que para algunas organizaciones de derechos humanos tiene características claramente violatorias de los derechos de la ciudadanía, ya que obligará a la población entera a donar sus órganos - salvo que se exprese lo contrario. El tratamiento de esta ley ocurre en el momento en que se cuestiona la escasez de políticas para enfrentar el tráfico de órganos en la Argentina.
La Ley considera a todos los ciudadanos del país como futuros donantes. El proyecto dispone una modificación a la ley 24.193 de transplante de órganos y material anatómico humano, y establece en su artículo 5, que “la ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiese manifestado”.
Según el Ojo Digital Sociedad, expertos en la materia han señalado que tal ley no sólo es violatoria de los derechos de la ciudadanía - porque el Estado no debe obligar a los habitantes de un país a donar -, sino que eventualmente termina
Un informe del Seprin, publicado hace tres años, revela que, en la venta clandestina de órganos en Argentina. Un riñón puede costar más de 102 mil euros, un hígado 150 mil euros, pulmón (150 mil), cornea (87 mil), médula ósea (165 mil), corazón (150 mil), páncreas (144 mil) e arterias (10 mil).
El comercio de órganos ocurre sobre todo en países en los que coexisten minorías bien acomodadas con mayorías pobres, con marcadas diferencias entre ambas, con un alto grado de injusticia social, sin leyes que regulen la práctica de los trasplantes y en países en los que no existe la injerencia del estado en el control de la actividad trasplantadora.
Si. Principalmente existía en la India, país al que viajaban numerosos pacientes ricos de Alemania y sobre todo Italia para trasplantarse en condiciones nada seguras y sin las más mínimas garantías, con riñones comprados de personas extremadamente pobres.
Ha sido también frecuente en Filipinas, Hong Kong y la China, paises en los que los pobres venden un riñón por solo mil dólares a ricos procedentes principalmente del Japón. En menor grado también existe en muchos paises del norte de Africa y sobre todo en Egipto, en los que con frecuencia en la prensa se leen anuncios de oferta de riñones por parte de personas desesperadas por la pobreza, beneficiando a ricos desesperados por seguir viviendo.
En algunos paises de América Latina, como Bolivia, en los que coexiste la extrema pobreza con la injusticia social y la falta de atención por parte del estado para cubrir las necesidades básicas de la población, incluyendo el tratamiento dialítico para sustituir la función renal perdida, los ricos también publican anuncios en la prensa solicitando riñones que son ofertados por personas agobiadas por la pobreza. Y de la misma manera, estas personas desesperadas por satisfacer alguna necesidad básica con dinero, publican anuncios en la prensa bajo el título de “Dono Riñón” tratándose en la realidad de la oferta de un riñón para la venta.